El Magistrado Instructor ha ordenado, para la buena gestión del procedimiento, la agrupación de las acusaciones particulares. Unive Abogados ha sido una de las seleccionadas, valorando el Instructor que fue una de las querellas iniciales que dio inicio al procedimiento.

Tras concluir el periodo de alegaciones abierto por el Magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, este ha decidido limitar el número de acusaciones permitidas en la causa contra Banco Popular. Tras esta resolución, tan solo diez -de las cientas que estaban personadas- podrán mantenerse ejercitando el papel de acusador particular en la misma. El juez justifica su decisión en que la instrucción se estaba tornando ingobernable y en el perjuicio que podría causar tal cantidad de partes en la buena llevanza de la investigación.

Una de las acusaciones elegidas ha sido Unive Abogados que se mantendrá en la defensa de los intereses de los cientos de afectados a los que representa. El Magistrado así lo ha decidido teniendo en cuenta que fue la querella interpuesta por este despacho una de las que dio origen al procedimiento penal contra Banco Popular y su consejo de administración.

Unive Abogados, además, ha iniciado una ronda de contactos con otras representaciones de afectados para conseguir que el mayor número de perjudicados posible pueda acceder al procedimiento penal de forma que sus legítimos intereses sean respetados.

En cuanto a las otras representaciones designadas, el Magistrado ha primado a los grandes inversores (fondos de inversión y otros afectados tenedores de un elevado número de acciones de la entidad) y asociaciones de afectados. 

De esta forma, la investigación continuará su curso con solo estas acusaciones particulares en las que deberán integrarse cualquier nuevo afectado que quiera unirse a la causa. Tras las declaraciones de los querellados, recientemente se han retomado -tras el parón por la covid-19- las declaraciones de los testigos propuestos por estas diez acusaciones, por lo que el procedimiento penal vuelve a desarrollarse con normalidad. 

Esta situación resulta especialmente relevante para aquellos accionistas que acudieron al mercado secundario y no han ejercitado ni interrumpido la acción de responsabilidad por no publicar en el mercado información fidedigna sobre su situación financiera, puesto que, dado que esta prescribió el pasado 28 de agosto de 2020, la única opción que les quedaría para tratar de enjugar sus pérdidas sería a través del referido procedimiento penal.