En los últimos años, Internet ha cambiado la manera de informarse, interactuar y comprar de los ciudadanos, lo que directamente ha implicado un cambio en el modelo de negocio de las empresas nacionales e internacionales. Tanto grandes compañías como pequeños comerciantes han decidido no desaprovechar la inigualable oportunidad que las nuevas tecnologías brindan, y han dado el salto al espacio virtual, donde podemos encontrar todo tipo de webs en las que aquéllos ofrecen sus bienes y/o servicios.
Conviene volver la mirada hacia los aspectos legales que dicha actividad envuelve, puesto que existen varios apartados insertados en tales páginas, a los cuales no se les dedica la suficiente atención y de los que pueden derivarse consecuencias negativas, tanto para el usuario de la web como para el titular de la misma.
Entre estos apartados, ocupa un lugar de acusado interés y relevancia el destinado a definir las normas de aplicación que deben tenerse en cuenta, en aras a asegurar y garantizar la integridad de los datos de carácter personal, y que no son otras que las contempladas en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Además, en lo que a la contratación electrónica se refiere, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
De las citadas normas se desprenden determinadas obligaciones ineludibles, que únicamente una parte muy reducida de las empresas que se sirven del comercio electrónico cumplen escrupulosamente. El deber de información de la política de privacidad, la publicación de las cookies utilizadas por la web, o establecer el derecho de desistimiento de las compras online son alguno de los ejemplos más significativos.
Una de las grandes equivocaciones con las que nos encontramos a diario en UNIVE Abogados es la referida a la redacción de textos legales basados en plantillas. Esta práctica puede irrogar grandes perjuicios al titular de la página web, ya que, en ocasiones, constituyen conductas ilícitas a tenor de lo preceptuado en las citadas leyes, así como a nivel de Derecho de la Unión Europea.
Como consecuencia de ello, el usuario podrá denunciar dicho incumplimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando los textos insertados en la página web – aviso legal, política de privacidad, política de cookies, condiciones de uso y de compra- no contengan de manera adecuada todas las características y recomendaciones contempladas en la legislación vigente. De dichos actos puede derivarse una sanción económica para el titular de la página web, que podría llegar –en los casos extraordinariamente graves- hasta más de 300.000€ de sanción según establece la nueva LOPDGDD. También podrá acudir a la autoridad de consumo pertinente si se han llevado prácticas que pueden ser causa de perjuicio en el consumidor.
Desde UNIVE Abogados podemos elaborar las políticas necesarias y adecuadas para tu página web, con el objetivo de generar valor añadido al trabajo llevado a cabo por ti o por tu empresa, garantizando, de este modo, la transparencia y confianza que reclama cualquier usuario de Internet.
