La Audiencia Provincial de Cantabria condena al propietario de una vivienda a la privación del derecho a cualquier tipo de uso sobre la misma durante un período de tres meses, por los ruidos producidos por sus inquilinos, generadores de graves molestias a los vecinos. De este modo, se consagra la percepción por los Tribunales del ruido como un grave problema que puede llevar aparejadas serias complicaciones de salud, y como un elemento que atenta contra los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.